El destino de Puigdemont luego del retiro de la orden de arresto

Retirada la orden internacional de arresto de la justicia española, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont podrá circular por el extranjero y seguir moviendo los hilos del independentismo.

Éste es, esquemáticamente, el panorama que abre la decisión del juez español Pablo Llarena de retirar las órdenes europeas e internacionales de arresto que pesaban sobre Puigdemont y otros cinco destacados independentistas catalanes.

Retorno a Bélgica

Puigdemont fue cesado con todo su gobierno horas después de que el Parlamento de Cataluña declarara unilateralmente la secesión el 27 de octubre. El dirigente viajó en secreto a Bruselas y se instaló allí con varios de sus ministros regionales, justo antes de que la justicia española lanzara diligencias contra ellos.

Instalado luego en Waterloo, cerca de Bruselas, Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania, cuando regresaba en coche de un viaje a Finlandia. Sin embargo, menos de dos semanas más tarde fue puesto en libertad bajo fianza, a la espera de una eventual extradición a España por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos.

La orden de arresto fue finalmente retirada el jueves por el juez instructor español Pablo Llarena. Puigdemont, que ahora vive en Hamburgo, podrá así regresar muy pronto a Waterloo. "Puigdemont puede salir de Alemania", dijo a AFP la portavoz del tribunal competente.

Desde Waterloo, el ex presidente catalán podrá viajar adonde quiera, salvo a España, donde se mantienen las acusaciones en su contra y una orden nacional de arresto.

En teoría, el exilio del líder catalán podría durar 20 años, el tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión. Puigdemont es consciente de que esto "puede durar muchos años en el peor de los escenarios", dijo otro de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas.

Un rol político de primer orden

Desde su partida, Puigdemont ha mantenido una fuerte ascendencia sobre la política catalana.

Fue cabeza de lista de su formación en las elecciones regionales del 21 de diciembre, ganadas por el bloque independentista, aunque luego no pudo ser investido presidente por el veto de la justicia, ante lo cual designó como sucesor a Quim Torra, actual mandatario.

De vuelta a Waterloo, Puigdemont podrá activar su Consejo de la República, una estructura que planteó hace meses como un órgano rector del independentismo desde el exilio.

Igualmente tendrá más margen de acción para promover la plataforma "Llamamiento Nacional para la República", que presentó el lunes con el objetivo de unir a las diferentes facciones del soberanismo, que en los últimos días mostraron señales de división.

En Bélgica, Puigdemont estará arropado por tres de sus ex ministros regionales, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, esta última delegada del gobierno catalán en Bruselas.

¿Por qué ha tomado esta decisión la justicia española?

Pocos días antes de la decisión del juez Llarena, el tribunal alemán consideró que no podía extraditar a Puigdemont por rebelión, aunque sí por el delito de malversación, en relación con los gastos del referendo ilegal de independencia del 1 de octubre.

Según Xavier Arbós, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Llarena presumiblemente "ha querido evitarse otras frustraciones" en Bélgica, Suiza y Escocia, donde están los otros cinco independentistas sobre los que retiró el jueves las órdenes internacionales de arresto.

Según varios medios españoles, Llarena habría rechazado la extradición sólo por malversación para no fragilizar su acusación de rebelión sobre nueve líderes independentistas actualmente en prisión preventiva en España, y que podrían ser juzgados a partir de octubre.

El diario El País apunta que si Puigdemont hubiera sido entregado sólo por malversación, el juez habría tenido difícil enviarlo a prisión preventiva como a los demás.

Por su lado, Arbós puntualiza que en teoría la justicia española podría reactivar más adelante la orden internacional de arresto. Aunque en ese caso, "cualquier tribunal de cualquier país europeo se lo mirará con mucha más prevención", después de la decisión del tribunal alemán de descartar la extradición por rebelión, un delito pasible de hasta 25 años de prisión en España.