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Costa Rica apoya iniciativa para investigar a Nicolás Maduro ante CPI

Costa Rica confía en la independencia de la corte para investigar y tomar las medidas necesarias, según el comunicado publicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, anunció que su país apoya  la iniciativa de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para que la Corte Penal Internacional (CPI), investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por el gobierno de Nicolás Maduro.

En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018, por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014.”, afirmó el mandatario.

Costa Rica confía en la independencia de la corte para investigar y tomar las medidas necesarias, según el comunicado publicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para que cumplan con las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los intrumentos jurídicos internacionales de los DD HH.

El Estado costarricense indicó que continuará los foros multilaterales y canales diplomáticos para contribuir a la superación de la crisis venezolana, mediante una salida pacífica y negociada.

A continuación comunicado integro:

El Gobierno de la República de Costa Rica anuncia su apoyo a la iniciativa para investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en la República Bolivariana de Venezuela.

Costa Rica, fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia, ha decidido secundar la gestión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de denunciar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo anunció este martes el Presidente de la República, Carlos Alvarado, durante una conferencia de prensa realizada en San José.

“En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018, por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014.”, afirmó el Mandatario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destaca la existencia de una investigación preliminar, abierta por la Fiscalía de la CPI desde 8 de febrero del 2018, en la que se investigan presuntos crímenes en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos; en particular el uso excesivo de la fuerza por parte de los equipos de seguridad del Estado, arrestos de miembros de la oposición, así como abusos y malos tratos en las detenciones.

Costa Rica confía en la independencia de la Corte que, como institución permanente de justicia penal internacional, hará el examen necesario y tomará las medidas que amerite esta situación. Asimismo, reitera su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional.

El Gobierno de la República de Costa Rica hace un llamado a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para que se cumplan las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales, se liberen los presos políticos y se ponga fin a la impunidad.

Asimismo, apela a seguir las recomendaciones del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 22 de junio del 2018, y de los diversos mecanismos de Derechos Humanos.

El Estado costarricense reitera su compromiso de colaboración con la CPI y anuncia que continuará utilizando los foros multilaterales y canales diplomáticos disponibles, para contribuir con la superación de la grave crisis que vive Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada, en el marco del Derecho Internacional.

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