Chile creará fuerza de seguridad para combatir terrorismo y delitos graves
El ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, anunció este viernes que el Gobierno creará una fuerza especial de Carabineros que se encargará de combatir el terrorismo y los delitos de mayor gravedad.
El plan tiene por objetivo que Carabineros refuerce "sus capacidades, logística y equipamiento", para así "responder adecuadamente a los hechos de violencia", señaló el ministro tras cerrar el segundo Comité de Seguridad de la Macro Zona Sur, llevado a cabo en la ciudad de Concepción.
Añadió que el Gobierno encabezado por el presidente conservador, Sebastián Piñera, pretende "generar una instancia de coordinación y trabajo donde todos los actores vinculados estén en comunicación".
El director de Carabineros, Hermes Soto, explicó al salir del encuentro que serán tres los equipos integrados por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que abarcarán "delitos distintos a los comunes", a través de una labor "preventiva", sostuvo.
"Si son terroristas y calificados por los tribunales como tal tendremos que trabajarlos, pero si son delitos graves de otro tipo, también los vamos a investigar con esta misma fuerza", aseguró el general, quien puso de ejemplo la "instalación de bombas" o hechos derivados del tráfico de drogas.
Soto precisó que ya cuentan con los funcionarios para esta tarea, pero que aún se requiere la instalación de recursos y medios "adecuados para funcionar".
El director además solicitó la capacitación del personal con expertos extranjeros.
Estos grupos actuarán en las regiones Metropolitana, Antofagasta y la sureña Araucanía, para la cual el Gobierno había anunciado un plan especial de acción y coordinación entre las policías para poner fin a los "atentados incendiarios" en la zona.
En el sur de Chile se arrastra desde hace décadas un conflicto entre comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales, y en los últimos años ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores.
En este contexto, varias decenas de comuneros han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente atentados incendiarios, a veces sin pruebas suficientes en su contra, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
