Argentina encarcela otra vez a Milagro Sala pese a pedido de CIDH
La líder social argentina Milagro Sala fue encarcelada de nuevo este sábado cumpliendo la orden de la justicia, que revocó en septiembre una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la que pasó varias semanas en arresto domiciliario, informó su abogada.
"Sí, es cierto", confirmó a la AFP Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Sala, confinada en una prisión de Jujuy (norte) acusada de presunta malversación de fondos.
El 31 de agosto le había sido concedido el arresto domiciliario por presión internacional luego de permanecer 20 meses encarcelada en prisión preventiva, pero la justicia de Jujuy dejó sin efecto la medida a finales de septiembre.
La justicia le revocó dicho beneficio por "incumplir" las condiciones de detención impuestas por el juez al alegar que omitió un control de salud al que debía someterse el viernes.
"La causa principal por la que se le había otorgado la prisión domiciliaria fue el cuidado de su salud e integridad física. Ante la obstaculización de cumplirlo, el juez se presentó en el domicilio y procedió a su traslado al penal", explicó al canal TN Pablo Ponce, jefe de Comunicación del Poder Judicial jujeño.
La abogada de Sala calificó el hecho de "secuestro". "Lo que han hecho es un secuestro, la orden es de una ilegalidad absoluta”, señaló.
Por su parte el fiscal del caso, Sergio Lello, desechó por "irrisoria" tal acusación. "El juez había fijado un régimen de detención domiciliaria y se incumplió, por eso su traslado", indicó.
Sala, de 53 años, es una líder social indígena enfrentada con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, querellante en varias causas en su contra y aliado del presidente Mauricio Macri.
La justicia la investiga por amenazas y presunta malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado su liberación al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que ha puesto en un brete al gobierno argentino.
