Activista de DDHH: un oficio de muerte en medio de la paz en Colombia
Algunos de los muertos no son considerados líderes sociales porque bien militan en algún partido de izquierda o forman parte de algún órgano comunitario de gobierno
Uno a uno han ido cayendo y ya suman 199 en 22 meses. Nadie sabe quién los está matando, pero lo cierto es que en Colombia proteger desde el agua hasta los derechos humanos está costando la vida, reconoce el defensor del pueblo (ombudsman).
Y lo más desconcertante: son muertes en tiempos de paz. Desde enero de 2016, cuando la entonces poderosa guerrilla de las FARC estaba en tregua unilateral, hasta la fecha, en la que ya dejó las armas y se convirtió en partido, han muerto casi 200 líderes sociales.
Los están asesinando porque "son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas", afirma Carlos Negret en una entrevista con la AFP.
"Esas son las razones por las cuales están asesinando, ahora lo que necesitamos saber es quién los está matando", enfatiza.
Este abogado de 55 años es uno de los funcionarios con más credibilidad en asuntos de derechos humanos. Aunque su oficina está en Bogotá, la capital donde el conflicto armado de más de medio siglo puede ser un rumor llegado de lejos, Negret viaja cada tanto a las zonas donde la violencia no termina de pasar.
Aún con el desarme de la que fuera la más antigua y poderosa guerrilla de América, todavía están activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - un grupo guevarista en diálogos de paz -, disidentes de las FARC y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y/o la extracción ilegal de oro y coltán.
El gobierno de Juan Manuel Santos, que se comprometió en los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 a proteger a los excombatientes y a los activistas de derechos fundamentales, difiere con las cifras de la Defensoría del Pueblo.
Según Negret, algunos de los muertos no son considerados líderes sociales porque bien militan en algún partido de izquierda o forman parte de algún órgano comunitario de gobierno.
Más allá de las diferencias en la categorización de las víctimas, el defensor del pueblo espera que sea la fiscalía la que concluya si esos homicidios son parte de una campaña sistemática, de momento negada por el gobierno aunque denunciada por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de los rebeldes surgido de los pactos de paz.
Pero lo evidente es que los líderes sociales están cayendo allí donde hay minería ilegal, recursos naturales o narcocultivos de coca o marihuana. Pero como ya el Estado y las FARC no están enfrentados, "el actor es un tercero que no podemos identificar" sostiene Negret.
