Maracaibo no es para todos
“Súbanlo por el ascensor de carga de basura”, fue la solución ofrecida a la familia Colina Finol en un centro comercial de Maracaibo hace siete años. Luis Gerardo Colina, un adolescente con cuadriparesia espástica por prematuridad, pretendió gozar de una tarde de cine con sus padres, pero se enfrentó a unas limitaciones superiores.
Cotidianidades como ascensores dañados, aceras hechas vertedero o pasillos angostos son molestias que una persona sin restricciones físicas afronta fácilmente, pero para las personas con discapacidad neuromusculoesquelética, término acreditado por la Organización Mundial para la Salud (OMS), supone una tarea homérica.
Desde 1994 en Venezuela existe el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y su homólogo local, el Consejo Regional para la Integración de las Personas con Discapacidad en el estado Zulia (Coripdis), desde 1995. A estas instituciones las abanderan leyes que, entre otros estatutos, certifican la adecuación de la infraestructura para personas con discapacidad: la Ley para Personas con Discapacidad, la Ley para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en el Zulia, una ordenanza municipal promulgada en 1990, una norma para el Entorno Urbano y Edificaciones, Accesibilidad para las Personas de 2004 (Covenin 2733), y el artículo 81 de la Constitución.
Sin embargo, estos ciudadanos siguen excluidos del dinamismo citadino. En Maracaibo, las rampas son insuficientes, y a veces las que hay son empinadas o incumplen los 1.25 metros de ancho establecidos en el Covenin.
Por otra parte, cursar una educación superior es complejo por cuestiones de accesibilidad, a pesar de lo dictado en el artículo 31 de la ley nacional, que establece que todo ente de la administración pública nacional, estadal y municipal, incluso personas naturales y jurídicas, deben cumplir con las normas para la planificación, diseño, proyección, construcción, remodelación y adecuación de edificaciones y medios urbanos y rurales.
Planificación urbanística
“La accesibilidad no tiene prioridad”, asevera Dinah Bromberg, arquitecta y profesora universitaria de la Universidad del Zulia, quien ha trabajado en proyectos para la inclusión de las personas con discapacidad, como el diseño del Covenin.
Una ciudad accesible debe planificarse para priorizar el orden de las acciones a emprender. Esto implica una consciencia humanística que concibe una urbe transitable más allá del ancho de sus vías peatonales, vehiculares, o ciclovías, “la accesibilidad es movilidad, usabilidad, comodidad y fluidez para todos. No hay aceras donde me tropiece o golpee con elementos que sobresalen del espacio urbano como letreros, aires acondicionados.
Ese recorrido debería sacarme de mi casa, hacerme recorrer mi cuadra, subir a un autobús y trasladarme a otras partes de la ciudad que igualmente sean caminables”, explica Bromberg.
No solo la incultura de planificación urbanística afecta a las personas con movilidad reducida, pues a ojos de la arquitecta, el diseño de edificaciones debe considerar a todos los seres humanos en cualquier condición: de la tercera edad, obesas o mujeres embarazadas, “cuando no hay accesibilidad, hay discriminación, lo que imposibilita el acceso a los espacios de vida, a la escuela para educarse, a las fuentes de trabajo para independizarse, para tener amigos, enamorarse”.
Entendidos en la materia como Bromberg y Miguel Yaber, médico fisiatra y especialista en salud pública, desestiman la veracidad de la cifra oficial. Yaber afirma que los estándares internacionales pueden extrapolarse a la región, lo que arrojaría, una cifra aproximada de 230 mil 739 personas con discapacidad en Maracaibo, el 15 % de sus habitantes.
Aplicabilidad para avanzar
Belkys Molero nació con mielomeningocele, es decir, espina bífida abierta. Durante 58 años ha recorrido el mundo en dos ruedas. Pertenece a ese 15 % que aún espera ser incluido y visibilizado a pesar del marco jurídico que los respalda, “no puedo ir a conciertos, baños públicos o restaurantes, por ejemplo, los espacios entre mesas siempre son estrechos”.
Aunque es un avance la existencia de normativas que exigen a instituciones y empresas la incorporación de personal
con discapacidad (no menos de un 5 % de la nómina total), apenas se atiende una de las problemáticas que enfrentan
estos ciudadanos cuando día a día se intentan movilizar en una ciudad inaccesible. No obstante, no se ha logrado cambiar de paradigma y, a pesar de que el peso jurídico es importante para la integración social de las minorías, la apatía e indolencia son palpables.
La concienciación de por qué es necesario una planificación de las ciudades que integre a todas las personas es indispensable para cambiar percepciones. “Debemos educar sobre el por qué no es un acto de lástima o caridad (...) lo ideal es que los planes urbanos consideren la accesibilidad como parte integral de la ciudad”, asegura la profesora.
Las trabas arquitectónicas van en contra del marco legal que amparan a familias como los Colina Finol o Molero,
y minimizan a personas que, de recibir una capacitación adecuada y contar con espacios viables, podrían ser productivas para la sociedad como cualquier otro ciudadano, demostrando así que la única limitación peligrosa está en la mente.