Denuncian cierre arbitrario de estación de servicio en Maracaibo hace dos meses
Las encargadas de la estación de servicio PDV Maracaibo, ubicada en la calle 90, cercana a la avenida Delicias y situada a tres cuadras de la calle 93 Padilla, denunciaron el cierre arbitrario del establecimiento, por parte de funcionarios policiales y del Ejecutivo del estado Zulia.
Una de las regentes de la gasolinera, Isis Benavides, informó que desde el pasado 24 de mayo fue cerrado el local y desde entonces no ha podido prestar servicio a diferentes instituciones gubernamentales ni ha suministrado combustible a Bomberos de Maracaibo, a los del INEA, Guardacostas, ZODI, REDI, la Alcaldía de Maracaibo, entre otros.
Explicó que aproximadamente a las 2:00 de la tarde de esa fecha, arribó al lugar una comisión de la DIEP junto con la procuradora general del estado, Rebeca del Gallego. Preguntaron por la propietaria del establecimiento (Benavides), que no se encontraba allí, sino al frente, en casa de su madre.
Benavides, quien en ese momento estaba embarazada, se presentó en la bomba y allí le dijeron los funcionarios que la mañana del 24 de mayo un ciudadano llegó al sitio con un TAG (chip) en la mano, para que le suministraran gasoil (le mostraron una foto como evidencia).
Los policías de inteligencia y la procuradora presentaron eso como alegato para cerrar la gasolinera, además de argumentar que eran "órdenes del Gobernador", afirmó la propietaria del recinto que suministraba combustible. "Cuando llegaron los funcionarios no llevaron ninguna orden", aseveró.
Tras revisar la documentación, revolver objetos en la oficina y registrar la caja fuerte en busca de dinero en efectivo (que no tenía), así como buscaron puntos de venta, se llevaron detenidos a dos operadores de isla y a Benavides. "Me violaron mis derechos humanos", aseguró la mujer.
Dijo que se llevaron los documentos de la bomba, las llaves, los sellos, una carpeta con copias de la documentación y los permisos, entre estos el que otorga el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo.
Durante unas seis horas permanecieron retenidos Benavides y los operadores de isla, hasta que aproximadamente a las 10:00 de la noche del 24 de mayo los dejaron libres.
Sin respuestas
Desde hace dos meses que cerraron el establecimiento, han reclamado en la Gobernación la entrega de las llaves y de la documentación de la gasolinera, pero no les han dado respuesta.
En Procuraduría no hay denuncia sobre el cierre de la estación de servicio, aunque la procuradora dijo que ella llevaría el caso administrativamente. Estamos esperando un oficio sobre la medida, indicó Isis Benavides.
Señaló a funcionarios policiales de estar acosando la estación e incluso se han tomado selfies asegurando que serían dueños del local.
Le preocupa la suerte de nueve familias, las de los operadores de isla, entre ellos seis mujeres, quienes no han tenido respuesta sobre lo que pasará con el establecimiento.
Al hablar del surtidor de gasoil (combustible por el que se originó la acusación que conllevó a cerrar la estación), apuntó que se encuentra averiado, incluso el día que se tomó la medida no estaba funcionando.
Exhorta al gobernador Omar Prieto a aclarar si en efecto él dio la orden de cerrar la bomba, y recuerda que por esos días el mandatario regional iba a ser objeto de una intervención quirúrgica, por lo que expresa su duda en torno a haber ordenado la medida.
