Cementerio de Metrobuses: 200 de ellos están averiados

Mira a los lados sigiloso, está más bien nervioso. Se embarca en el vehículo de este rotativo, dice una y otra vez que la represión dentro de la empresa Metro de Maracaibo es fatigante. No hay cuestionamientos que valgan. Ellos solo tienen que trabajar. No pueden reclamar.

Es uno de los dos mil trabajadores que tiene la Sociedad Mercantil Metro de Maracaibo, C. A. “No aguantamos más, nos dicen que no podemos decir esto, pero ya se escapa de mis manos. Es la gente la que se está viendo afectada y luego vamos a ser nosotros porque sin unidades, en qué vamos a trabajar”, se pregunta. Prefiere mantenerse en el anonimato. No quiere grabaciones. Evidencia el temor que tiene por su vida.

Unos 200 buses están desincorporados. “Los tienen arrumados en un terreno en la vía a los Bucares, a Planta C, vamos hasta allá para mostrarles”, se dirige al equipo reporteril.

En el recorrido manifiesta haber preguntado una y otra vez por qué esos buses permanecen arrumados. La respuesta desconsiderada le da una patada en el estómago, asegura que le importa el trabajo que ejerce y no tolera lo que le dicen sus superiores. “Limítate a tu trabajo y consérvalo”, me dicen.

Hay 20 buses articulados en el cementerio. El trabajador que lleva su franela roja identificada con el logotipo de la empresa socialista dice que son nuevos. “Son esos que meten hasta 200 personas que tienen un acordeón en el medio”, explica.

Recibe algunas llamadas de su compañero, y en la vía que conduce al complejo de piscinas, yendo a Planta C se despega del teléfono para indique en una granja que está cerrada completamente, por lo que no se puede ver lo que hay adentro, hay otros buses. “Aquí hay unos buses también, esto es de un coronel. No sé por qué los tienen ahí”. “Portón número 1”, se lee en la entrada, su nombre es Granja “La Reina”. De regreso abrieron la puerta, el equipo periodístico pudo constatar lo que el hombre decía.

Continúa el camino. De repente se ve una trilla, el chofer dobla en una esquina donde hay una casa. Detrás de ella se aprecia la cerca de alambre de púas. “Miren a la derecha, a la derecha”, expresa casi susurrando el denunciante, indicando que muchos de ellos tienen hasta un año inoperativos. A lo lejos. Casi a 200 metros se ven los autobuses rojos, uno detrás del otro, es una larga hilera de vehículos Yutong, en efecto. Están metidos en una especie de granja que más bien es una gran parcela perteneciente a la empresa. “Planta Constructora Metro Mara”, se lee en la puerta de entrada. Para llegar a ellos hay que pasar por un largo trayecto de arena, y esquivar a los milicianos.

“Esos estaban primero detrás de la sede del Metro pero como el presiden te Maduro venía el domingo, ellos los fueron trayendo hasta aquí, porque están dañados. Son cosas mínimas. A algunos les falta un vidrio, el parabrisas, cauchos, baterías; cosas que se pueden buscar pero ellos no lo hacen”, esboza sentando en la parte trasera del auto.

El hombre nos conduce por la parte trasera de la parcela. Volvemos al punto inicial. A la casa. El chofer cruza a la izquierda y casas más arriba a la izquierda, otra vez. Un portón gris y una cerca alta no deja evidenciar a los Yutong completamente, solo el techo, pero ahí estaban. Un hombre vestido de verde estaba arreglando uno de los tantos vehículo.

Fallas

Él asegura que José Colmenares, secretario general de Transporte, es el que decide el ingreso de los buses al “cementerio”.

El de a pie es el que sufre, dice el trabajador, “imagínate que Domitila Flores se inauguró con ocho buses, solo queda uno. Se inauguró Circunvalación 2 con 22 unidades, están rodando siete. La Limpia con 28 y están rodando seis. Bella Vista se inauguró con 10 y solo rueda la mitad. El Moján con 10 y hay uno, Carrasquero y Paraguaipoa con uno”.

Protestas

A principios del mes de mayo los trabajadores de Bus MetroMara encabezaron una protesta, solicitando el pago del cestatique y otras asignaciones. “En esa oportunidad Rafael Colmenares (presidente del MetroMara), nos dijo de todo, nos insultó”.

Reveló que aún les adeudan cuatro meses. Les descuentan la Ley Política Habitacional “y no la pagan desde el año pasado, lo mismo con el Seguro Social”. No los dotan de uniforme desde julio de 2015 y el seguro de salud, que es de 450 mil bolívares no les sirve. “Nos sacan de las clínicas porque tampoco han pagado”.

Este rotativo quiso comunicarse con Rafael Colmenares a través de su equipo de prensa pero el contacto no fue posible.