Carnetización de la Patria: un foco de desorden y violencia

“Nos tienen engañados, llevando vaina en nombre de la revolución. Tenemos dos semanas intentando censarnos, haciendo cola día y noche, pero no hemos podido obtener el dichoso carné”, contó Yernelin García. Desde la madrugada del sábado espera a las afueras del Complejo Bicentenario del Sur, ubicado en la parroquia Domitila Flores de San Francisco.

La razón por la que no ha podido censarse, es que “quienes están gestionando el proceso dentro del complejo, pasan primero a sus conocidos y a los que les pagan por debajo de la mesa”, dijo Yernelin.

Trascendió entre los presentes que “entre 5 y 10 mil bolívares estaban cobrando los funcionarios encargados de la carnetización y el acceso al complejo, para dejar pasar a las personas a realizar el proceso sin hacer cola”.

Aproximadamente a las 12:00 del mediodía de ayer, las madrugadas de trasnocho y los largos días bajo el inclemente sol terminaron por caldear los ánimos de la gente que desde hace dos semanas esperan para censarse y las denuncias comenzaron a emerger.

“Si vieras cómo la gente duerme aquí, los viejitos y las mujeres embarazadas que están aquí pasando hambre, sol y sed, para nada porque esto solo es un engaño”, reclamó Danilo Socorro, quien a la vez intenta establecer el orden entre los presentes, pero la confrontación entre afectos al oficialismo y denunciantes es inevitable.

Ofuscada y usando un lenguaje obsceno, una mujer, presuntamente empleada de la Alcaldía de San Francisco e identificada por los testigos como Adela Prieto, agredió físicamente al equipo reporteril de Versión Final, para evitar que se hiciera el registro fotográfico del proceso de carnetización.

Minutos más tarde otras dos personas –Beatriz González, quien se identificó como miembro de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), y un joven identi cado por la comunidad como Giovanny, perteneciente a la parroquia Marcial Hernández–, volvieron a arremeter contra el equipo, ante la vista, incluso, de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes en medio del revuelo abandonaron el lugar.

Al tiempo, Yamilé Semprun, con cinco meses de embarazo y un notable cansancio por el tiempo de espera, recibía una patada por parte de Adela Prieto, según relata la joven veintea- ñera, solo por “defender el derecho a la prioridad por su embarazo”.

“Son provocadores”

En horas de la tarde, el coordinador del Complejo Bicentenario del Sur, Yeritzon Ríos, rechazó los actos de violencia que se presentaron durante el proceso, y señaló que “las personas responsables de las agresiones son infiltrados que buscan generar caos durante la carnetización”. Rechazó de plano las ofensas contra el medio.

Ríos destacó que estas personas que se dicen llamar dirigentes comunales solo están allí para revender puestos y caldear los ánimos entre la gente, entorpeciendo las jornadas.

En cuanto al proceso, el coordinador destacó que se estaba realizando con total normalidad y que los “retrasos presentados eran debido a las caídas del sistema. Las personas que no han entrado es porque no han querido”, dijo.

Defendió la labor del comité de carnetización resaltando que el día viernes entregaron el carné a 400 personas y ayer ya habían gestionado más de 200. Esta posición se contrapone a la multitud de adultos, jóvenes, mujeres embarazadas y ancianos a los que se les impedía el acceso desde tempranas horas de la mañana por una supuesta caída del sistema.

“Por nuestras narices pasan a sus conocidos. Entran carros llenos, se censan rapidito y se van fresquecitos mientras nosotros tenemos días durmiendo aquí”, relata Raúl Rojas. Desde el sábado 21 de enero duerme a las afueras del Complejo Bicentenario para que su tía Ana González, de 66 años de edad, pueda censarse. “Ella tiene la esperanza que con el carné le den su pensión de Amor Mayor, por eso lo hacemos”, cuenta Raúl.

La asistencia masificada de personas ante el censo del “Carnet de la Patria” sigue en efervescencia, ante la premisa de la obtención de beneficios y gestión e caz de ayudas sociales a través de las misiones dirigidas por el Gobierno nacional. Sin embargo, dirigentes comunales aseguran que “se trata de un instrumento para ir ordenando las necesidades del pueblo”.